La agencia Moody’s Ratings mantuvo la calificación soberana de Panamá en Baa3 con perspectiva negativa, sin cambios respecto a la evaluación anterior, luego de concluir su revisión periódica.
De acuerdo con el informe de Moody’s, la calificación de Panamá se sustenta en su sólido crecimiento económico, el papel estratégico del Canal de Panamá, y el historial de inversión sostenida, elementos que continúan respaldando la resiliencia macroeconómica del país.
La calificadora reconoce que el crecimiento económico de Panamá se mantuvo en 2.9% en 2024, a pesar del impacto negativo del cierre del proyecto minero Cobre Panamá, y proyecta una recuperación del 4% para 2025, impulsada por el aumento en la actividad del Canal y el dinamismo del sector privado.
Moody’s también resalta que la reforma al sistema de pensiones, si bien fortalece la sostenibilidad a largo plazo, implica mayores contribuciones fiscales por parte del Estado, lo que podría limitar el margen de maniobra en otros frentes presupuestarios.
La perspectiva negativa previamente asignada por la agencia refleja los riesgos asociados con un probable estancamiento en la consolidación fiscal y la posibilidad de un aumento en los costos de financiamiento soberano si no se refuerza la credibilidad de la política fiscal. La calificación podría estabilizarse si el Gobierno logra implementar medidas creíbles para reducir el déficit y mejorar la transparencia fiscal.
Moody’s destaca que el deterioro fiscal observado en 2024, cuando el déficit alcanzó el 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda pública se elevó a 62% del PIB, plantea desafíos importantes para la consolidación fiscal.
Aunque el Gobierno ha mostrado disposición para implementar reformas estructurales, incluyendo la reciente aprobación de la reforma al sistema de pensiones, Moody’s señala que persisten rigideces presupuestarias que podrían dificultar una reducción sustancial del déficit en el corto plazo.
Ante este escenario, el Gobierno de Panamá reafirma su compromiso con la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento con la ley de responsabilidad social fiscal cuya meta para el año 2025 es 4%.
Esta meta logrará un manejo eficiente y transparente del gasto público y la ejecución de inversiones prioritarias como pilares fundamentales para preservar la confianza de los inversionistas y de las agencias calificadoras.
